La semana anterior culminó la etapa de recolección de insumos en línea para la creación de la Ley General de Cultura, proceso que impulsa el Ministerio de Cultura y Juventud.
Según el MCJ, a partir de ahora, se sistematizarán los aportes para mejorar la propuesta, que será también revisada y comentada por la ciudadanía durante los meses de agosto y setiembre. Finalizada esa etapa, se espera que el texto final entre en la corriente legislativa durante el mes de octubre.
RedCultura habló sobre este proceso con el abogado Sergio Masís, miembro de la comisión encargada de la redacción del proyecto.
¿Por qué la Ley General de Cultura es importante para Costa Rica?
Fundamentalmente porque el ordenamiento jurídico nacional en materia cultural es bastante abundante pero bastante inconexo e incongruente, son una serie de regulaciones, leyes y decretos que han sido producto de sus tiempos y de circunstancias históricas muy particulares que no necesariamente están conectadas. Por otra parte Costa Rica ha adoptado toda una serie de tratados internacionales en el campo cultural y la legislación actual no termina de pegar con los principios y aspiraciones de estas convenciones internacionales, además estos tratados no encuentran una normativa nacional de implementación que permita que esos paradigmas de la cultura lleguen verdaderamente a los ciudadanos.
Esto, que es una realidad que compartimos con bastantes países de Latinoamérica, ha ido provocando en varios otros países desde la década de los 90 la promulgación de leyes generales de cultura, similares a esta que estamos promoviendo.
O sea, ¿sí existe suficiente legislación en el país pero es ineficiente?
Es inconexa pero en algunos casos también es insuficiente, por ejemplo hay ausencia total en materia de patrimonio cultural inmaterial. También hay vacíos importantes en ámbitos como la protección social y laboral de los trabajadores de la cultura, no hay realmente un marco normativo que regule el régimen de pensiones o la seguridad social.
El proceso de creación de esta ley inició hace más de un año, ¿cuáles han sido las etapas?
Este proceso es paralelo al de la Política Nacional de Cultura pero ha tenido su propio camino, es un proceso mucho más técnico.
La primera etapa fue recaudar todos los insumos que tenían que ver con el diagnóstico de la situación legal costarricense, luego se hizo un exhaustivo estudio de legislación comparada, todo lo que había aprobado y como proyecto en Latinoamérica y en Europa; luego se promovió el proceso de mesas de trabajo, ahí se invitó a gente con un perfil de expertos en su función, eso fue el año pasado y se invitó a muchísimas instituciones que iban a estar vinculadas con muchas de las regulaciones, por mencionarle algunos: el ICT, la Caja, el Ministerio de Trabajo, etc. Todos estos insumos dieron pie a un grupo de formulaciones, una pre elaboración de lo que podría ser el proyecto de ley y este año se convocó a un nuevo grupo de mesas de trabajo ya con otros sectores para que analizaran la propuesta y nos hicieran devolución desde su ámbito. Este proceso terminó hace unos meses, luego el material se puso en línea durante un par de meses y con todo lo que hemos recibido vamos a elaborar ya la propuesta de ley que se va ir a un proceso de validación.
Como mencionó también se está tramitando la Política Nacional de Cultura, ¿cuál es la diferencia entre esta y la ley?
La segunda es un instrumento legal, donde se generan las herramientas a las cuales el ciudadano puede recurrir para exigir el cumplimiento de su derecho humano a la cultura y también donde se establecen una serie de obligaciones para el Estado y para las entidades involucradas. La Política es una manifestación de prioridades de parte de la administración de por dónde van a enfocar sus ejes de acción en función de la cultura. Las dos se retroalimentan, la Política Nacional será el acuerdo en el futuro que funcionará a partir de la ley y su generación de medidas.
¿Cuáles serían los principales ejes de la ley?
La ley es un documento muy grande, regula muchísimos aspectos, desde los principios y normas de interpretación de todo el ordenamiento legal en materia cultural hasta regulaciones específicas relacionadas con la visibilización del Sistema Nacional de Cultura, la creación de entidades o estructuras de participación ciudadana, un Consejo Nacional de Cultura y consejos cantonales de cultura. Hay un sistema de atención a poblaciones específicas: niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, etc. También hay una serie de regulaciones referentes a la rendición de cuentas, hay todo un capitulado sobre el régimen de sanciones, otro de protección social a los trabajadores de la cultura, también la ley trata el tema de incentivos, normas que favorecen el fomento de la cultura, son muchísimos temas.
Este Sistema Nacional de Cultura, ¿qué es y para qué se crea?
El Sistema es la visibilización desde una ley de que la gestión pública de la cultura se articula desde un montón de ejes que trascienden al Ministerio de Cultura, es decir, esta gestión no solo está en manos del Ministerio, sino que hace gestión pública de la cultura el ICT, el Ministerio de Economía, las universidades, el MEP, etc., entonces no es crear infraestructura ni un ente burocrático, es visibilizar un sistema y hay que entenderlo justamente así, un sistema que involucra no solo instituciones sino también mecanismos de interacción. Una vez visibilizado el sistema se pueden establecer los ejes y los nexos entre instituciones, se puede alimentar la conformación de un Consejo Nacional de Cultura y así a la hora de establecer obligaciones dentro del campo cultural, primero hay que visibilizar quiénes están dentro del Sistema Nacional de Cultura.
¿Cambiaría entonces el rol del Ministerio de Cultura y Juventud?
Probablemente vaya a cambiar, pero más que por la ley por los ejes de la Política Nacional de Cultura, en el sentido de que nuevas acciones, nuevos retos y nuevas metas implican nuevas formas de abordar los problemas. Pero definitivamente ni la Ley ni la Política por ahora van a implicar una reestructuración de los modelos estatales, no queremos involucrar reestructuraciones de plazas ni de puestos, queremos con lo que hay poder reordenar las piezas para lograr una mayor eficiencia.
¿Y el país está en las capacidades de aplicar y ejercer la ley?
Estamos clarísimos que la muerte de un proyecto de ley en la Asamblea es hablar de crecimiento del aparato estatal, entonces el proyecto se armó de tal manera que juega con los mismos fondos y las mismas estructuras pero de una manera más eficiente.
Un gran problema es que la cultura está usualmente desvinculada de la educación y del sector empleo, ¿la ley atendería estos vacíos?
Sí, hay un título específico que tiene que ver con cultura y educación que incluso propone reformas puntuales a la ley fundamental de educación para eliminar este divorcio histórico entre cultura y educación en el país. Si algo tenemos claro es que si queremos incidir en los paradigmas de la cultura no lo vamos a lograr si no es reeducando desde las edades tempranas, y esa labor (se puede hacer) solo a través del MEP y sus recursos. Con el empleo también, tenemos el capítulo que tiene que ver con las garantías sociales de los trabajadores de la cultura.
De acuerdo con su experiencia durante el proceso, ¿ que otras debilidades tiene Costa Rica en materia cultural?
La principal debilidad es que la gestión cultural nunca ha estado orientada por una política nacional de cultura, que es lo que estamos atacando. Cada 4 años vienen las ideas del ministerio de turno y a veces toman caminos muy diferentes a los anteriores, no hay una visión unificadora de la cultura, no se sabe a dónde vamos ni que queremos, la gestión está desarticulada.
Varios países de la región están en un proceso similar, es como si la cultura fuera la asignatura pendiente.
Claro, probablemente a partir del 82 con la conferencia de la UNESCO en México donde se redefinió el concepto de cultura se generó la conciencia de que la cultura es mucho más que esa añeja visión de las bellas artes y se entendió que la cultura era prácticamente todo, creencias, sistemas de valores, desde ahí hay una necesidad de redimensionar todos los aparatajes legales para atender de una forma más eficiente el rescate de la identidad.
¿Y cuáles serían las diferencias entre nuestra ley y la de otros países de referencia donde existe una regulación similar?
El gran referente siempre fue la ley colombiana porque fue la primera, de hecho el proyecto del PAC, que está ahora en la Asamblea y que hemos logrado ponerlo en stand by hasta que llegue nuestro proyecto sustituto, está muy directamente inspirado en la ley de Colombia. En lo esencial en cuanto a contenidos y a principios estudiamos todas las leyes de cultura de Latinoamérica, que no son tantas, 7 u 8, y son leyes hermanas en muchos sentidos porque parten de compromisos internacionales que los Estados han adoptado de una forma uniforme; entonces a esta ley la pasamos por el filtro de lo que es viable en términos jurídicos, económicos, sociales y políticos en Costa Rica pero es muy similar a la de Panamá o la de Honduras por ejemplo. Creo que la nuestra es un poco más ambiciosa a nivel de contenido porque pretendemos influir en otros campos que no necesariamente las otras leyes incluyen, digamos que toma lo mejor de todas y lo trata de adaptar a la realidad costarricense.
La participación en línea finalizó la semana pasada, ¿qué sigue ahora?
Con todos los insumos que recibimos, que es un material tanto o más grande que el que sometimos a consideración, pasamos a la etapa de sistematización y de análisis de las propuestas, para redactar de aquí a julio ya un proyecto de ley que va entrar en un proceso de validación, igualmente en línea pero también por otros canales, con la meta final de que el proyecto entre en octubre a la Asamblea Legislativa.
¿Se ha podido medir la participación ciudadana? ¿Ha sido buena?
Ha sido buena en el sentido de calidad, a nivel de cantidad hubiéramos esperado una participación mayor. Opinar sobre un proceso de ley es complicado, es algo muy técnico y a veces no se tienen las herramientas, otra gente ha manifestado que prefiere ver el borrador final del proyecto para opinar. Pero a nivel de contenido sí hay material muy muy valioso.
¿Y es necesario que la ley entre este año a la Asamblea Legislativa?
Es necesario porque en 40 años no se había tenido la coyuntura favorable que hay ahora para apoyar un proyecto de este tipo, pero esta coyuntura se nos está acabando, el proyecto debió entrar en mayo a la Asamblea pero se postergó porque mucha gente reclamó un proceso de participación todavía mayor al que se había dado.
¿Cuál sería el mayor reto que enfrentaría esta ley una vez aprobada?
Si la ley se aprueba quizá el reto mayor tendría que ver con los cambios de mentalidad, porque si bien la ley no está estableciendo reformas estructurales fundamentales ni requerimientos de ese tipo, si está demandando un cambio de mentalidad de los directamente involucrados con la cultura, probablemente vayamos a topar con mucha resistencia pero cualquier proceso de transformación legal tiene que pasar por eso. Pero bueno, antes de esto hay otro gran reto que afrontar y es el proceso legislativo.
