Patricia Fumero fue relevada temporalmente de su cargo como directora luego de que se decomisaran más de mil piezas arqueológicas en casa de sus familiares. Además, se le investiga por presuntos trámites en beneficio de su familia.
26/08/2010 1:16 PM
Eunice Báez Sánchez
ebaez@redcultura.com
Separar de manera temporal a Patricia Fumero, directora del Museo Nacional y solicitar una auditoría interna en dicha institución fueron las dos decisiones que tomó el Ministro de Cultura y Juventud Manuel Obregón luego del decomiso de piezas arqueológicas en la casa de la familia Dada Fumero, cuya propietaria es tía de la directora.
A Fumero se le investiga por presuntamente haber intentado beneficiar a su familia con algunas decisiones relacionadas con su gestión, que incluyen la solicitud de una amnistía a la ley #6703, Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, para que quien sea coleccionista tenga un plazo para inscribir bienes arqueológicos.
Esta ley establece que los objetos arqueológicos son propiedad del Estado. Las personas que posean este tipo de bienes solamente ostentan la custodia de los mismos, y deben registrarlas e inscribirlas ante las autoridades respectivas, de lo contrario, se incurre en un delito.
Tal y como informamos en una nota anterior, el decomiso de las piezas fue realizado por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, en conjunto con la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del Ministerio Público. Según se detalló en comunicado de prensa, el decomiso se dio luego de una investigación iniciada a raíz de unas llamadas anónimas al museo. En estas se alertaba de la existencia de piezas en las casa de familiares de la directora. Dada la situación, el Ministerio Público procedió a consultar al Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional si las piezas estaban registradas y se confirmó que no lo estaban.
Asimismo, según se detalla en comunicado, el día martes 17, dos días antes del allanamiento, Fumero “solicitó informe al Museo de toda la documentación relacionada con los señores Juan Dada Vasiliades y Ligia Fumero Monge, circunstancia que obligó a acelerar la diligencia judicial y fundamentó aún más la solicitud de allanamiento”. También la directora habría solicitado la semana anterior un estudio para ver si era factible declarar una amnistía a la ley #6703, Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, para que quien era coleccionista pudiera inscribir bienes. Ante esta situación el Ministerio Público consideró investigar “posibles delitos en perjuicio de los deberes de la función pública en contra de dicha funcionaria”.
Sin embargo, según un comunicado emitido por la familia, la colección estaba bajo su custodia desde hace más de 40 años, con conocimiento público y de las propias autoridades del Museo Nacional, pero dichos registros se perdieron en un incendio.
Ante el decomiso e investigación, el ministro Obregón tomó la decisión de separar temporalmente a la directora del cargo y realizar una auditoría interna en el Museo. “He ordenado una auditoría en el Museo Nacional con el fin de conocer a fondo los hechos y, a efectos de garantizar la total transparencia con la que se conducirá dicha auditoría, he decidido además la separación temporal de la jerarca de dicha institución”, dijo el jerarca.
Investigación en curso
Con respecto a la investigación del Ministerio Público, el Ministro dijo que “se respetan las diligencias preliminares”. Agregó que jerarcas y funcionarios del MCJ estarán en la mejor disposición de colaborar con las autoridades.
En cuanto a la auditoría en el museo, esta servirá para conocer la forma en que la institución procede con las denuncias sobre infracciones a las leyes que protegen el patrimonio. La carta de solicitud de auditoría se envió el lunes a la Junta Administrativa del museo para que el auditor, Freddy Gutiérrez Rojas, recibiera las instrucciones del caso.
En comunicado de prensa se detalló que en el 2008 ya se habían hecho dos auditorías en este tema, pero focalizadas en las esferas de piedra. Una de las recomendaciones fue “la creación de un equipo interdisciplinario con el objetivo de elaborar un plan de acción estratégico institucional para proteger, conservar, monitorear y tutelar el patrimonio arqueológico”. Obregón consideró importante darle seguimiento a dicha recomendación.
Se quiso conocer la opinión de Fumero a través de su abogado pero, pese a múltiples intentos, no devolvió las llamadas hechas por RedCultura.
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